El pasado 22 de junio, el presidente estadounidense Barack Obama anunciaba la retirada de Afganistán de un primer grupo de 10.000 soldados para finales de este año y de un total de 33.000 para verano de 2012. Rechazando las peticiones del Pentágono, que reclamaba al morador de la Casa Blanca una retirada más escalonada, Obama inicia así la salida de una guerra que cuesta al contribuyente americano 10.000 millones de dólares al mes.

La esperada comparecencia del presidente norteamericano encaja con el acuerdo alcanzado por los miembros de la OTAN en la pasada cumbre de Lisboa para traspasar gradualmente el control a las fuerzas de seguridad afganas. Se espera completar la retirada de los efectivos de la Fuerzas Internacionales de Asistencia para la Seguridad (ISAF por sus siglas en inglés) para diciembre de 2014. A partir de entonces la cooperación será económica.

Por otro lado, el anuncio de Obama ha sido bien recibido por la opinión pública, hastiada de una guerra que parece no tocar fin y en la que ya han fallecido en torno a 1500 soldados estadounidenses y más de 11.000 han resultado heridos. La última encuesta del Centro de Investigaciones de Pew (fact tank no partidista) señala al respecto que el 56 por ciento de los norteamericanos quieren la salida de Afganistán tan pronto como sea posible, frente a un 39 por ciento que prefieren permanecer en el país hasta que se estabilice la situación.

Mientras los altos cargos de la administración Obama se felicitan por haber dado importantes pasos en la guerra contra el terror, al haber acabado con la vida de Osama Bin Laden el pasado mes de mayo, Afganistán se encuentra al borde de la guerra civil. Si bien la misión de la OTAN en el país centroasiático consiguió derrocar rápidamente al régimen talibán que había dado cobijo a Al Qaeda, las nuevas instituciones se encuentran corroídas por la corrupción. Por otro lado, los talibán han conseguido trascender su tradicional apoyo entre la población pastún, haciéndose fuertes en las provincias del este, limítrofes con Pakistán.

Corrupción en tiempos de guerra

Tal y como señala el think tank con sede en Bruselas International Crisis Group, “la colusión entre insurgentes y oficiales gubernamentales corruptos en Kabul y las provincias colindantes ha aumentado, llevando a una profusión de redes criminales en el corazón de Afganistán”. Tras el atentado a finales de junio en el Hotel Intercontinental de Kabul, uno de los lugares hasta ese momento más seguros de la capital, la capacidad de las fuerzas de seguridad afganas ha quedado en entredicho. Como en otras ocasiones, las primeras investigaciones parecen indicar que los terroristas suicidas sobornaron a algunos oficiales para burlar la seguridad.

Entre los últimos acontecimientos en el país centroasiático también se cuenta la evasión de 500 presos talibán de una prisión en la provincia de Kandahar, al sur del país, un atentado contra el Ministerio de Defensa y un ataque suicida en una mezquita durante el funeral del medio hermano del presidente Karzai, abatido a tiros el 12 de julio por uno de sus guardaespaldas.

Esta situación de creciente inestabilidad mina el plan del presidente del país Hamid Karzai, que en marzo anunciaba el inicio de una transición para poner en manos afganas la seguridad de la capital y otras seis regiones. Más allá de Kabul, “los talibán están haciéndose fuertes en las zonas rurales, instalando gobiernos en la sombrea y llevando a cabo agresivas campañas de asesinatos al tiempo que cooptan a oficiales de distintos gobiernos provinciales que también quieren su pedazo de la economía de guerra”, indica International Crisis Group.

A esto hay que añadir la crisis constitucional que atraviesa el país, después de que un cuarto de los miembros de la cámara baja perdieran su escaño por decisión de la Corte Suprema el pasado mes de junio. De acuerdo con el tribunal, 62 de los 249 legisladores se impusieron en los comicios de septiembre de 2010 de manera fraudulenta.

Cerca de convertirse en un Estado fallido, Afganistán se encuentra inmerso en una espiral de violencia. Al dar prioridad estratégica a la guerra de Iraq, en la que EEUU concentró la mayor parte de sus recursos, los esfuerzos de Occidente para apartar a los talibán del poder y democratizar el país han fracasado.

María Gallar Sánchez. ASIA

Desarrollo económico y desarrollo social no siempre van acompasados. Con un crecimiento desconocido para sus países vecinos, Marruecos es buen ejemplo de esta paradoja de la globalización: la mentalidad de la gente no siempre sigue el ritmo de la modernización económica. La situación de desamparo en que se encuentran las madres solteras en el país magrebí es paradigmática en este aspecto.

De acuerdo con el estudio “El Marruecos de las madres solteras” financiado en parte por el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y publicado el pasado mes de junio, cada día nacen en el país 153 niños fuera del matrimonio, de los cuales 24 son abandonados. Las madres solteras en el reino son rechazadas por las leyes, la sociedad y por sus familias.

La sociedad alauí sepulta esta realidad marginando a las mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, el número de madres solteras ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según otro estudio publicado por la Institución Nacional de Solidaridad con las Mujeres en Riesgo, entre 2008 y 2009 el número de madres solteras se duplicó pasando de 11.016 a 27.200. La doctora en sociología y consultora internacional en asuntos de género Rosario Pozo Gordaliza señala que “existe la posibilidad de que se esté tejiendo un cambio de valores en la sociedad marroquí sobre todo por el crecimiento económico y el proceso migratorio, especialmente el masculino”. Sin embargo, añade, “es preciso realizar un estudio minucioso sobre las causas por las cuales se está produciendo este incremento en el número de madres solteras”.

Respecto a la radiografía de las madres solteras marroquíes, Rosario Pozo Gordaliza explica que, en términos generales, “se trata de un perfil  joven, bajo nivel educativo y pocas expectativas de inserción socio profesional suficiente para las necesidades básicas, y con el agravante de ingenuas promesas de un matrimonio futuro”. Al margen de esto, apunta, “las expectativas sexuales [en la sociedad alauí] se encuentran claramente ancladas en unos ciertos límites y expectativas diferenciadas para hombres que para mujeres. Mientras que unas deben de ser pasivas, los otros deben de ser activos.”

Proscritas y repudiadas

Las leyes marroquíes dan la espalda a las madres solteras. Aunque el reformado Código de la Familia (Mudawana), aplaudido desde Occidente por el reconocimiento de nuevos derechos para las mujeres, permite a las madres ser cabeza de familia, aquellas que tienen hijos fuera del matrimonio continúan incurriendo en un delito según la legislación alauí. El artículo 490 del Código Penal castiga con penas de entre un mes y un año de cárcel a quienes mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Vulnerables ante la justicia – aunque generalmente no se aplique esta ley –la maternidad fuera del matrimonio es una deshonra. Las madres solteras en Marruecos generalmente no cuentan con el apoyo de sus familiares y muchas llegan a ocultarles su situación. Repudiadas por sus seres queridos, estas mujeres desarrollan carencias afectivas y les cuesta establecer una relación sana con sus hijos. “Los hijos están ahí para recordarles que han hecho algo que causó el rechazo familiar, por lo cual la situación es extremadamente difícil”, señalaba hace poco la antropóloga Jamila Bargach a BBC.

Estos niños nacidos fuera del matrimonio también son discriminados por la ley, que los considera “naturales” pero no “legítimos”, y por una sociedad que los margina. Tal y como expone el informe “El Marruecos de las madres solteras”, la mayoría de las mujeres que deciden desprenderse de sus hijos lo hacen por la vía legal, pero “el 38 por ciento de los niños son abandonados de forma ilegal”. Esto alimenta un mercado negro de adopciones, en el que se calcula cayeron unos 3.300 bebés en 2009.

El temor a ser rechazadas, también lleva a muchas mujeres solteras que se quedan embarazadas a recurrir al aborto, una práctica prohibida en el reino alauí. Sin embargo, la Asociación Marroquí contra Abortos Clandestinos señala que entre 600 y 800 mujeres se someten a esta operación cada día en el país.

Aunque la sociedad mira hacia otro lado, la difícil situación de las madres solteras en Marruecos en ocasiones adquiere tintes dramáticos. Fadua Larui, madre soltera de 20 años, se quemó a lo bonzo frente al ayuntamiento de su localidad el pasado mes de febrero. Las imágenes registradas por un videoaficionado muestran la desesperación de una mujer a la que se negó sistemáticamente el derecho a una vivienda por su condición de madre soltera.

Espacios para la esperanza

Desamparadas por la sociedad, la justicia y muchas veces por sus familias, las madres solteras en Marruecos buscan refugio en el sector asociativo. Organizaciones No Gubernamentales en distintas ciudades del reino proporcionan cobijo, asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y formativa a las mujeres que se quedan embarazadas fuera del matrimonio.

La asociación 100% Mamás en Tánger forma parte del entramado asociativo que atiende a este colectivo. A través de su hogar temporal de acogida, proporciona asesoramiento jurídico a las madres solteras y atención sanitaria. Otras organizaciones centran su acción en la inserción laboral, como la Asociación de Solidaridad Femenina dirigida por Aicha Ech Chana en Casablanca. Aquí las mujeres aprenden un oficio para poder criar a sus hijos de manera independiente.

Si bien Marruecos se encuentra a la cabeza de los países islámicos en el reconocimiento de derechos de las mujeres, aún queda mucho espacio para el cambio. El movimiento feminista ha conseguido que las mujeres gocen de mayores libertades en los últimos años y ahora luchan por la abolición de la ley que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio y por un cambio de mentalidad en la sociedad alauí.

María Gallar Sánchez

El reconocimiento del Consejo Transicional Libio por parte de Turquía a principios del mes de julio y el consecuente ofrecimiento de ayuda por valor de 200 millones de dólares a los rebeldes supone la ruptura definitiva de Ankara con el régimen de Muamar el Gadafi. Este giro en la política exterior turca hacia Libia, anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores Ahmet Davutoglu, no es sino el último capítulo de una serie de reestructuraciones en las relaciones de Turquía con los países del Norte de África y Oriente Medio.

Este cambio de rumbo en las relaciones exteriores de Ankara comenzó en 2003 con la falta de apoyo turco a la invasión de su vecino iraquí por parte de Estados Unidos y de algunos miembros de la Unión Europea, entre ellos España. Sin embargo, no fue hasta 2008-2009 cuando Turquía apostó con claridad por una política exterior que la perfilase como potencia regional en Oriente Medio. Coincidiendo con el conflicto en la Franja de Gaza, el primer ministro turco Reccep Tayyip Erdogan se dirigió al presidente israelí en el Foro Económico Mundial de Davos para decirle: “A la hora de matar, vosotros sabéis muy bien cómo hacerlo. Sé muy bien cómo golpeáis y matáis a niños en las playas”. Con estas duras palabras, el que hasta entonces había sido uno de los más firmes aliados del Estado hebreo en la región se alejaba de la política euro-atlántica que hasta el momento había marcado su agenda exterior.  En su evolución para convertirse en un poder regional, Turquía también ha iniciado un acercamiento con Irán, oponiéndose a las sanciones que Estados Unidos reclamaba en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el Estado persa. Junto a Brasil, otro emergente, Turquía firmó un acuerdo de intercambio nuclear con Irán para entorpecer la imposición de sanciones en 2010. Este desafío a la hegemonía norteamericana y, en menor medida europea, no consiguió finalmente impedir el establecimiento de sanciones contra Teherán.

Sin embargo, las sanciones contra Irán por su programa nuclear han acabado por beneficiar a Turquía en su proyección regional al debilitar a la República Islámica, uno de los países más poderosos de Oriente Medio. Si a esto se suma que Egipto, otro de sus rivales en el liderazgo regional, atraviesa en la actualidad un proceso de democratización, el escenario es sumamente beneficioso para el país euroasiático.

Con un Israel cada vez más aislado tras la caída de su principal aliado en la zona (el presidente egipcio Hosni Mubarak) y con sus principales adversarios para capitanear la región – Irán, Iraq y Egipto – fuera de juego, Turquía tiene vía libre en el Mediterráneo, el Mar Negro y el sur del Cáucaso.

¿Más lejos de Europa?

En un tablero geopolítico cambiante por las revoluciones en los países árabes, Turquía además se erige como un modelo a seguir. Su trasfondo musulmán y su sistema multi-partidista la convierten en un ejemplo para aquellos Estados que como Túnez o Egipto inician sus transiciones hacía la democracia. Bajo el gobierno del AKP, partido de tendencia islamodemócrata que preside el país desde 2003, el Estado euroasiático asiste a un crecimiento económico que en 2010 rozó el 9% y un descenso del desempleo que en el primer trimestre de 2011 se encontraba en torno al 10.5%.

Esto, junto con el enfriamiento en sus relaciones con Israel, “ha impulsado la popularidad de sus líderes entre el público de Oriente Medio, pero ha deteriorado la confianza entre sus aliados tradicionales en Washington, Bruselas y algunas capitales árabes”, tal y como señala el think tank con sede en Bruselas International Crisis Group. En estas líneas, la Fundación Turca de Estudios Económicos y Sociales (TESEV, pos sus siglas en inglés) señala que “el 78% de la población del mundo árabe considera que Turquía debería jugar un papel mediador en el conflicto palestino-israelí”, lo que indica un claro aumento en el poder blando del país sobre la región.

Los esfuerzos de Ankara para reducir los conflictos (albergó con éxito las conversaciones sirio-israelíes en 2008), la supresión de visados para algunos de sus vecinos, el desarrollo de infraestructuras y la integración en organismos regionales como la Organización de la Conferencia Islámica, parecen indicar que Turquía ha abandonado su política de “occidentalización” iniciada en los años 20 por el fundador de la República Mustafa Kemal Atatürk. Sin embargo, la nueva e independiente política exterior turca encaja mejor con la definición que sus propios dirigentes dan de ella: “cero problemas con los vecinos”.

No obstante, en el convulso panorama del mundo árabe, esta política exterior lleva consigo importantes contradicciones. Si bien Turquía ha retirado su apoyo de manera definitiva a Muamar el Gadafi en Libia, mucho más laxa está siendo con el presidente Bashar el Asad. Siendo Siria la piedra angular de las relaciones de “cero problemas”, Turquía teme que una condena firme contra el dirigente del país desencadene un éxodo de refugiados hacia su frontera sur.

Por otro lado, Turquía continúa siendo firme candidata a entrar en la Unión Europea, aunque esta ambición esté perdiendo fuerza entre la población del país.  Si bien Turquía ya no siempre se alinea con las decisiones de sus vecinos occidentales y ha arremetido contra Francia y Alemania por su reticencia a convertirla en Estado miembro, más de la mitad de su comercio exterior se desarrolla con los Veintisiete, mientras menos de un cuarto tiene lugar con países de Oriente Medio. Este frágil equilibrio convierte a la República de Turquía en un actor fundamental, no sólo a escala regional, sino global.

María Gallar Sánchez

Que en España se encuentre incluida la cooperación internacional dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores no es casualidad. Existe una creciente tendencia a ligar la política externa de los países con la ayuda al desarrollo, tal y como pone de manifiesto el informe AidWatch 2011 que elabora la Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD). “El desafío a los intereses propios. Poniendo en forma a la UE para luchar contra la pobreza”, nombre que se ha dado este año a la investigación, alerta sobre la vinculación de la ayuda humanitaria en los países miembros de la Unión Europea (UE) con políticas nacionales de inmigración, seguridad e intereses comerciales.

Presentado en Bruselas el pasado 19 de marzo, AidWatch 2011 analiza la actuación de los Veintisiete durante el último año de cara a alcanzar sus propios compromisos en materia de cooperación para el desarrollo. En esta ocasión, CONCORD enfatiza la creciente tendencia de los países europeos a ligar cooperación con intereses geopolíticos y económicos. Aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) identifica a un total de 48 Estados frágiles en todo el mundo, más del 30% de la ayuda exterior de la UE dirigida a este tipo de países se ha dirigido a Iraq, Afganistán y Pakistán, donde varios países europeos tienen en la actualidad efectivos militares.

Basado en datos de la OCDE, AidWatch 2011 denuncia además que en 2010 los países de la Unión inflaron la ayuda al desarrollo en más de 5.000 millones de euros, lo que representa más del 10% del total de cooperación exterior. De esta cantidad, 2.500 millones de euros se maquillaron como cancelación de deuda, aproximadamente 1.600 como gastos estudiantiles y 1.100 fueron gastados en refugiados en los países donantes. Austria y Bélgica lideran la lista de Estados miembros que justifican su desembolso en cooperación internacional en estos términos, habiendo dedicado en torno al 23% de su gasto total a estas actividades.

Lejos de los objetivos

Por otro lado “aunque la UE es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo, sólo nueve países alcanzaron sus propios objetivos” para 2010, señala AidWatch 2011. De entre éstos, sólo cuatro –Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos e Irlanda-  destinaron el 0,7% o más de su Producto Nacional Bruto (PIB) a cooperación internacional. Basándose en este informe, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en España (CONGDE) indica que en el país mediterráneo “los compromisos en cantidad y en calidad se incumplen. Por un lado, se reduce en 1.000 millones de euros los fondos para el desarrollo. Y por otro, aunque se cuenta con un plan para garantizar la efectividad de la ayuda, el escaso protagonismo de la población local en los procesos de desarrollo demuestra el desencuentro entre la teoría y la práctica”.

El objetivo comunitario para 2010 era destinar el 0.56% del PIB a ayuda al desarrollo en terceros países, pero sólo se ha alcanzado el 0.43%. Aún se deberían haber invertido 15.000 millones de euros más en este sector para conseguir la meta comunitaria, que tiene como último propósito llegar al 0,7% para 2015. Los datos muestran que tres países son responsables de más de tres cuartos de este vacío de 15.000 millones de euros: Italia (43.8% del déficit colectivo) Alemania (26.4%) y España (6.4%). “Es alarmante el hecho de que Alemania, a pesar de ser la mayor economía de Europa y el motor económico de crecimiento de la UE, se haya quedado corta en sus obligaciones de ayuda por más de 3.000 millones de euros”, sentencia el documento.

De cara al IV Foro de Alto Nivel sobre la Efectividad de la Ayuda, que se celebrará en Busan (Corea del Sur) el próximo mes de noviembre, AidWatch denuncia que los Estados miembros han estado presionando para que se establezca un marco centrado en la necesidad de servir a los contextos políticos de los donantes en detrimento de las aportaciones de los receptores. Algunos países han recortado su gasto en cooperación internacional como consecuencia de la crisis económica, alegando presión de la opinión pública. Sin embargo, el informe apunta que el 64% de los europeos piensan que se debería incrementar la ayuda al desarrollo a pesar de la crisis, mientras que el 89% valora muy positivamente la cooperación más allá de las fronteras de la Unión.

María Gallar Sánchez

Artículo publicado en el Nº 46 de la revista mensual hispano-marroquí Marruecos Siglo XXI

El pasado 19 de mayo, el presidente estadounidense Barack Obama se dirigió al mundo árabe en su discurso en el departamento de Estado en Washington. Los levantamientos populares en el norte de África y Oriente Medio, el enquistado conflicto palestino-israelí y la muerte de Osama bin Laden marcaron la comparecencia, con la que Estados Unidos establece una nueva hoja de ruta para la región.

Adelantándose a su homólogo hebreo Benjamin Netanyahu – que se dirigió al Congreso norteamericano pocos días después – y en respuesta a la reciente reconciliación entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y Hamas, Barack Obama redefinió la postura de Washington en el conflicto árabe-israelí: “las fronteras de Israel y Palestina deberían de estar basadas en la línea de 1967, con intercambios mutuamente aceptados”. Sin embargo, se abstuvo de pedir a Tel Aviv que detenga la proliferación de colonias ilegales – mientras Obama pronunciaba su discurso, la ONG Ir Amim revelaba en Jerusalén que Israel había aprobado la construcción de 1.520 nuevas viviendas en dos asentamientos judíos en la parte oriental de la ciudad. A esto se añade que pidió a los palestinos que renuncien a su propósito de que se vote en la Asamblea General de las Naciones Unidas el reconocimiento del Estado Palestino el próximo mes de septiembre.

La toma de postura estadounidense ha sido recibida con desconfianza por ambas partes. De un lado, Netanyahu ha calificado de “indefendible” la jugada de Washington sobre las fronteras de 1967 y de otro, el titular de la ANP Mahmud Abbas, se ha limitado a agradecer la “atención” prestada por Obama al “derecho de los pueblos a la autodeterminación”. Aunque la falta de concisión respecto al plan de paz no ha pillado a nadie por sorpresa, el posicionamiento norteamericano supone un claro enfriamiento en las relaciones de la administración Obama con la actual cúpula de Gobierno israelí.

Doble rasero

Con una suerte de Plan Marshall bajo el brazo, Obama expresaba su apoyo a las revueltas en los países árabes y señalaba que Estados Unidos tratará de trasladar las demandas ciudadanas a “acciones concretas por todos los medios diplomáticos, económicos y estratégicos”. Respecto a Túnez y Egipto, el presidente anunció un plan de ayuda económica que podría ampliarse a otros países que también inicien reformas democráticas. Mediante esta cooperación económica que incluye la condonación de deuda externa, Washington asegura la colaboración de El Cairo de cara a desarrollar una nueva política en la región. Durante los años de Hosni Mubarak, Egipto ha sido el segundo mayor receptor de ayuda exterior estadounidense.

Respecto a Libia, el presidente de Estados Unidos declaró que “el tiempo corre en contra de Gadafi. Ya no tiene control sobre su país y la oposición ha organizado un consejo interino creíble y legítimo”. Washington también ha advertido al presidente de Siria Bashar-al Assad, antiguo aliado estadounidense contra el que ya se han aprobado sanciones económicas, sobre la necesidad de emprender un proceso de democratización, aunque aún no ha pedido explícitamente que deje el cargo.

En su elocución, el presidente Obama tampoco olvidó hacer una breve mención a Irán, país al que acusó de desarrollar un programa nuclear ilícito y de patrocinar el terrorismo internacional. Mucho más laxa ha sido la crítica estadounidense a la represión de las manifestaciones en Bahréin y Yemen, limitándose a pedir a los Gobiernos de los dos países árabes que negocien con los partidos de oposición.

Por otro lado, Barack Obama no hizo mención a alguna a Arabia Saudí, aliado clave de Washington en la región. Sin embargo, Riad entregó recientemente 36.000 millones de dólares a distintas instituciones bahreiníes – policía, funcionarios, autoridades religiosas –  para que no apoyaran las movilizaciones en el emirato.

El asesinato de Osama bin Laden y las movilizaciones en el mundo árabe han provisto al presidente Barack Obama de una oportunidad de oro para construir una nueva imagen de Estados Unidos en el norte de África y Oriente Medio. Esta renovada sensibilidad apoya los levantamientos populares contra los tiranos que durante décadas han gobernado la región, en oposición a un terrorismo islamista de capa caída. Sin embargo, el compromiso americano en la región aún se rige por intereses y alianzas estratégicas.

María Gallar Sánchez

Artículo publicado en el Nº 45 del semanario hispano-marroquí Marruecos Siglo XXI

El hundimiento de varios barcos procedentes de Libia frente a la isla italiana de Lampedusa – entre Sicilia y Túnez – ha visibilizado ante la opinión pública internacional y ante la Unión Europea el drama humanitario que viven estos días los refugiados de guerra en el país del norte de África.  El pasado 7 de abril, 500 personas – en su mayoría somalíes y eritreos – naufragaban a su llegada a la isla, aunque pudieron ser rescatados por la Guardia Costera y decenas de voluntarios. Tan sólo dos días antes, otra embarcación se hundía a 30 millas del mismo lugar con peor suerte, dejando 300 muertos.

Otro barco en la que viajaban entre 500 y 600 personas se hundió hace dos semanas a sólo 50 metros de la costa de Trípoli, pero se desconoce el número exacto de fallecidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha pedido a las naciones del Viejo Continente que mejoren urgentemente los mecanismos de rescate marítimo ante los repetidos naufragios de barcos de refugiados en el mar Mediterráneo. Este organismo señala que “Europa ha recibido hasta ahora a menos del 2 por ciento de la gente que ha abandonado Libia para escapar al conflicto en el país norteafricano. Pero el número de gente que se aventura en un viaje en barco a través del Mediterráneo está aumentando”.

La OTAN y Bruselas denuncian que Muamar el Gadafi está expulsando a refugiados de terceros países a través del mar. El líder libio materializa así la amenaza con la que durante años ha chantajeado a Europa, permitiendo – y forzando – que miles de inmigrantes en situación de irregularidad alcancen las costas del Viejo Continente, tal y como advierte la Organización Internacional para Las Migraciones (OIM).

Un éxodo multidireccional

En todas las direcciones, los refugiados de la guerra Libia salen del país. Muchos de los extranjeros procedentes de otros lugares de África que residían en la República Árabe hasta el estallido de la violencia tratan de regresar a sus países de origen. Según datos de ACNUR, cerca de 30.000 tunecinos, 90.000 egipcios, 52.000 nigerianos y 17.000 chadianos ya han abandonado territorio libio. Una vez alcanzada la frontera, muchos regresan a sus ciudades y pueblos de origen en los Estados colindantes. Otros, por el contrario, permanecen en los campos de refugiados que ahora salpican los contornos del país. Los propios libios que escapan de la guerra son los más numerosos en estos enclaves, aunque hay gente de todo el continente.

La frontera más transitada hasta la fecha es la tunecina, por la que ya han cruzado cerca de 300.000 personas, de las que 90.000 son libias. Durante las primeras semanas de marzo, cruzaban hacia Túnez entre 1000 y 2000 personas cada hora. Por su parte, la frontera con Egipto, en territorio controlado por rebeldes, ha sido puerta de salida para cerca de 240.000 personas.

La OIM ha expresado su preocupación por aquellos que huyen hacia Chad, y que ya superan las 24.000 personas. “La temperatura en el Sáhara es de 50 grados. Los que consiguen llegar están gravemente deshidratados y exhaustos. Pasan dos semanas cruzando el desierto sin alimentos ni agua, hacinados en un vehículo a pleno sol”, señala Qasim Sufi, jefe de la misión de la OIM en Chad.

La guerra también está provocando importantes flujos de desplazados internos. Hacia Bengasi, en el noreste el país, se dirigen miles de personas procedentes de Brega y Addabiya huyendo de los combates. Las más de 800 familias que han alcanzado la ciudad bajo control rebelde están siendo atendidas principalmente por la población local. A través del mar, desde Misrata, al este del país, también se están trasladando refugiados hacia Bengasi. El navío encargado de esta evacuación es el “Red Star One” de la OIM, que ha sido objetivo de la artillería del régimen en varias ocasiones.

El drama de los refugiados y desplazados internos de Libia es uno de los capítulos más atroces de la primavera árabe. Los organismos internacionales y ONGs presentes en la zona alertan sobre la intensificación de estos movimientos migratorios y piden la colaboración de Occidente para atender las necesidades de las miles de personas que cada día dejan atrás Libia.

María Gallar Sánchez

Artículo publicado en el Nº 44 del semanario hispano-marroquí Marruecos Siglo XXI

A continuación, los videos de las manifestaciones en Phonm Penh (Camboya), Asunción (Paraguay) y Anantapur (India).

¡Desobediencia Civil Ya!

“Osama bin Laden ha muerto. Se ha hecho justicia”. Con estas palabras anunciaba Barack Obama el pasado 1 de mayo la matanza, en una operación elaborada durante meses, del enemigo público número uno de los Estados Unidos. Casi diez años después de los atentados del 11 de septiembre, Washington ha conseguido dar caza y captura al escurridizo líder de la organización terrorista Al Qaeda en una pequeña localidad del norte de Pakistán. En Abottabad, a tan sólo 80 kilómetros de la capital Islamabad, vivía Osama bin Laden desde hace años, en una mansión sin ventanas, con alambre de espino y sin conexiones de televisión e internet.

Las fuerzas de élite estadounidenses Navy Seals ejecutaron la operación en la que el “príncipe del mal” murió de un disparo en la cabeza. Durante el asalto, que duró aproximadamente unos cuarenta minutos según fuentes oficiales, también fallecieron una de las mujeres de Bin Laden, su hijo y otros dos hombres que trabajaban para él. De acuerdo con Washington, el cadáver del terrorista fue arrojado al mar siguiendo con el rito musulmán.

Tras el anuncio televisado del presidente Obama, miles de neoyorquinos se echaron a las calles para celebrar la muerte del líder de Al Qaeda. La zona cero de Manhattan se convirtió en epicentro de las celebraciones que se reprodujeron en distintas ciudades. De manera simultánea, los Gobiernos europeos y norteamericanos se han apresurado a extremar la seguridad en sus territorios y delegaciones exteriores temiendo una campaña de atentados en venganza.

La jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton ha advertido que “la guerra contra Al Qaeda y su sindicato del terror no ha terminado”. Para Washington, encontrar y matar a Osama bin Laden se había convertido en una obsesión que incluso llevó a modificar la política exterior del país, pero una vez alcanzado este objetivo, la retórica de “la guerra contra el terror” no ha desaparecido.

Tras los atentados contra el World Trade Centre y el Pentágono, en los que fallecieron cerca de 3000 personas y quedaron al descubierto las vulnerabilidades de la potencia hegemónica, la administración Bush modificó drásticamente su estrategia de seguridad y sus intervenciones en el extranjero. Tras una ofensiva en Afganistán a finales de 2001 con el objetivo de capturar al responsable último de los atentados, Washington se concentró en Iraq desatendiendo su primer cometido. Aunque el régimen talibán que gobernaba el país fue depuesto, el terrorista consiguió desaparecer en algún lugar de las montañas de Tora Bora y cruzar la frontera con Pakistán. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, señalaba entonces en Radio Nederland que “la preferencia otorgada entonces a Iraq dejó sin eliminar una amenaza que no solo se ha revitalizado en territorio afgano sino que se ha ampliado con fuerza a Pakistán, ampliando así la violencia y la inestabilidad en un radio mucho mayor que el original”.

Red de redes

Dos aviones colisionando con los rascacielos del World Trade Centre en Nueva York son la imagen que abrió el siglo XXI. Tras este mediático atentado, seguido en directo por millones de telespectadores, Osama bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Al mismo tiempo, el líder de “la red” se erigió en la gran figura del terrorismo islamista, seguido por grupos afines, células, simpatizantes y combatientes independientes.

En este sentido, el líder de Al Qaeda consiguió visibilizar un terrorismo de alcance global que, aunque existía desde principios de la década de los noventa, no había atraído la atención de gobiernos, prensa y opinión pública. Desde Jemmah Islamiyah, en Indonesia, hasta Al Qaeda del Magreb Islámico (antiguo Grupo Salafista para la Predicación y el Combate), son muchos los grupúsculos que se cobijaron bajo el ala de Al Qaeda. Sin embargo, tal y como señala el investigador de terrorismo internacional del Real Instituto Elcano Fernando Reinares en una tribuna en El País, “lo que ha permitido que sobreviva [Al Qaeda] no es, como a menudo se aduce, su carácter descentralizado, sino, bien al contrario, su articulación jerárquica”.

Perder a Osama Bin Laden supone para Al Qaeda un duro golpe debido a su alcance emblemático, pero “la red” ha demostrado en los últimos años su capacidad para atentar en distintos países y alumbrar grupos afines en nuevos escenarios. La organización no desaparecerá con el “príncipe del mal” y probablemente el egipcio Ayman el Zawhiri pasará a ocupar su lugar. Se escribe un nuevo capítulo en la “guerra contra el terror”.

María Gallar Sánchez

Artículo publicado en el Nº 43 del semanario hispano-marroquí Marruecos Siglo XXI

Abdelaziz Buteflika anunció el pasado 15 de abril una reforma de la Carta Magna de la república del norte de África. En un discurso emitido por la televisión pública argelina donde el septuagenario presidente apareció visiblemente deteriorado, el presidente de Argelia añadió que la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos y el código de la información también serán objeto de una “profunda” revisión.

“Apoyándome en la Constitución, utilizaré el derecho que me confiere para pedir al Parlamento la revisión del ordenamiento legislativo sobre el cual reposan las reglas del ejercicio democrático y la libre elección de los ciudadanos”, declaró el presidente argelino. Sin embargo, en su mensaje a la nación no hizo ninguna referencia a los plazos establecidos para estas enmiendas ni a las movilizaciones sociales que desde hace meses sacuden el país y que han dejado varios muertos y centenares de heridos.

La oposición y la prensa independiente consideran insuficientes las medidas anunciadas por el presidente argelino, ya que queda en manos del propio Buteflika aprobar en última instancia las propuestas de reforma de la Constitución. Esta es la segunda modificación que experimenta la Carta Magna (1996) desde la llegada al poder del actual jefe de Estado en 1999. De cara a las elecciones de 2009, se suprimió la limitación de mandatos presidenciales, posibilitando su reelección para una tercera legislatura.

Respecto a la revisión de la Ley de Partidos, la oposición y los medios de comunicación no oficialistas también han mostrado su escepticismo: aunque la Constitución vigente reconoce el derecho a establecer nuevos partidos políticos, desde 1999 no se ha aprobado la creación de ninguna formación. Por otro lado, tras la adopción de la nueva Ley Electoral “serán tomadas todas las medidas para garantizar la transparencia y la normalidad de los escrutinios, incluida la supervisión de las elecciones por observadores internacionales, en concertación con todos los partidos admitidos”, según palabras del presidente.

Arcas llenas, bolsillos vacíos

Desesperados por la falta de oportunidades y perspectivas de futuro, los jóvenes argelinos se arrojaron a la calle a principios de enero. Las manifestaciones, menos masivas que las tunecinas pero más violentas, han sido sistemáticamente aplacadas por la policía y el ejército.

En un intento de sofocar la efervescencia social, Argel anunció que rebajaría los precios de algunos productos de primera necesidad, cuya escalada de precios fue una de las causas que motivaron las protestas en su origen. Sin embargo, estas medidas no satisficieron las reivindicaciones de los manifestantes, que exigían cambios profundos en las estructuras de poder. La única demanda social que ha prosperado desde entonces ha sido la del levantamiento, a finales de febrero, del estado de emergencia impuesto hace 19 años. En cambio, del último discurso de Buteflika se desprende que el Ejecutivo es consciente de la necesidad de dar una solución política a la crisis argelina.

Sin embargo, la falta de precisión en las palabras del presidente argelino y la continuidad del actual Gobierno y de la Asamblea Nacional –en manos de los tres partidos de la Alianza Presidencial- genera desconfianza entre los argelinos, que interpretan el gesto de Buteflika como un intento de “mantener el control haciendo reformas que no lo son”, tal y como señala el diario El Watan.

Con un desempleo juvenil en torno al 30%, la situación en Argelia es desalentadora. El país más rico del Magreb alardea de los 250.000 millones de dólares de superávit que guardan las arcas del Estado, mientras el salario mínimo de los trabajadores argelinos es uno de los más bajos del mundo. La riqueza en gas y petróleo del país del norte de África no se ve reflejada en la calidad de vida de sus habitantes. Si a esto le añadimos la inflación en el precio de los alimentos – que en los últimos meses de 2010 duplicó el valor de productos básicos como el azúcar, el aceite y la harina – el cóctel resulta explosivo.

María Gallar Sánchez

Artículo publicado en el Nº 42 del semanario hispano-marroquí Marruecos Siglo XXI

De entre 65 millones de franceses, sólo unas 2000 mujeres ocultan sus rostros bajo niqabs (velos que dejan una ranura para los ojos) o burkas (velo integral islámico, que cubre los ojos con una red), de acuerdo con datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, París llevaba meses detrás de prohibir esta indumentaria. Desde la entrada en vigor el pasado 11 de abril de la ley que prohíbe estas prendas en los espacios públicos–la calle, al volante, en edificios administrativos, comercios, restaurantes, salas de espectáculos y centros de educación- , sus usuarias pueden ser multadas con 150 euros y un curso de ciudadanía.

Pese a la controversia que levantó desde un primer momento, la iniciativa del Gobierno de Nicolas Sarkozy fue aprobada por el Senado el pasado 14 de septiembre casi por unanimidad: frente a los 246 votos a favor, sólo un parlamentario votó en contra mientras que el Partido Socialista se abstuvo. Avalada por un dictamen del Consejo Constitucional que tan sólo puntualiza que considera inaplicable la prohibición “en lugares de culto abiertos al público” porque se podría poner en peligro la libertad religiosa, la ley ya ha comenzado a aplicarse en todo el territorio francés.

En el primer día de su entrada en vigor, la policía detuvo a varias mujeres frente a la Catedral de Notre Dame en París, de las cuales una portaba burka, otra niqab y hiyab la tercera. La policía señala que no fueron detenidas por vestir la indumentaria islámica –el hiyab no es objeto de la prohibición- sino por manifestarse sin permiso. La Prefectura había rechazado una petición de la asociación Touche Pas a Ma Constitution (No Toque Mi Constitución) para manifestarse con motivo de la recién estrenada normativa.

Las detenidas se enfrentan ahora a multas de 150 euros por incumplir la ley anti-burka. Sin embargo, las penas pueden alcanzar un año de cárcel y una multa de 30.000 euros para los hombres que obliguen a las mujeres a llevar esta indumentaria. En caso de que éstas sean menores de edad, el juez podrá decretar dos años de cárcel y una multa de 60.000 euros.

¿Una ley contraria a la libertad religiosa?

Aunque la nueva ley superó con éxito el obstáculo del Consejo Constitucional francés gracias a una formulación que evitaba la denominación religiosa y empleaba el término “ocultación del rostro” en su lugar, son muchas las voces que aseguran que atenta contra la libertad de culto.  El respaldo del Constitucional, que señala que esta vestimenta “puede constituir un peligro para la seguridad pública y menosprecia las exigencias mínimas de la vida en sociedad”, no ha disipado las dudas jurídicas sobre la prohibición y el Consejo de Europa se ha pronunciado en contra. En estas líneas, el comisario de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, señaló que “la prohibición del burka no liberará a las mujeres oprimidas, sino que puede llevarlas a la alienación en las sociedades europeas”.

Otros países de la Unión Europea siguen con atención la puesta en práctica de la prohibición del burka y el niqab. Bélgica ha iniciado el proceso para sacar adelante una norma similar, mientras que en Alemania y España algunos partidos piden que se siga el ejemplo francés desde hace meses.

La polémica ley llega en un momento en que la popularidad de Nicolas Sarkozy se encuentra bajo mínimos e incluso algunas encuestas lo sitúan por detrás de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. La oposición acusa al presidente galo de utilizar este asunto, así como el de las deportaciones de gitanos romaníes, para rascar votos de cara a la reelección en 2012.  La Unión de Comunidades Islámicas en España (UCIDE) se ha sumado a esta crítica a través de su portador, Riay Tatary, que asevera que “Sarkozy utiliza el islam como moneda electoral”.

De otro lado, la normativa puede producir un rechazo por parte de las musulmanas francesas que no utilizan las prendas proscritas, pero que al tiempo consideran que se está discriminando a su comunidad. En este sentido, la recién estrenada ley podría ser contraproducente a largo plazo.  Lo que parece seguro es que a partir de ahora, los únicos burkas y niqabs que se verán por Francia serán los que pinta la artista urbana Princess Hijab en los paneles publicitarios del metro de París.

María Gallar Sánchez

Artículo publicado en el Nº 41 del semanario hispano-marroquí Marruecos Siglo XXI